Hija del gobernador Rocha adjudica contrato de 356 MDP a empresa creada el mismo día de la licitación
En medio de una creciente ola de cuestionamientos sobre la transparencia en las administraciones morenistas, un nuevo caso de posible nepotismo y corrupción ha salido a la luz en Sinaloa. La titular del DIF estatal, Eneyda (o Eneida) Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, adjudicó un contrato por 356 millones 32 mil 853 pesos a la empresa Mercadeo Getrevanoa (también referida como Comercializadora Getrevanoa) para la adquisición y distribución de más de 518 mil despensas y alrededor de 15 millones de productos alimenticios.
El contrato, destinado a programas como atención alimentaria escolar, primeros mil días de vida, primera infancia, personas en vulnerabilidad y emergencias o desastres para el año 2026, ha generado indignación nacional. Según reportes periodísticos y documentos de contratación pública difundidos ampliamente en redes sociales, la empresa fue constituida el 25 de julio de 2025 y se registró como patrón ante el IMSS el 12 de febrero de 2026, el mismo día en que se publicó la convocatoria de la licitación. Además, solo cuenta con dos empleados registrados para gestionar un volumen tan grande de despensas.
El caso se viralizó el 1 de abril de 2026 a través de una publicación en X (antes Twitter) de la cuenta @Melissa_Bely, que acumuló más de 26 mil likes y 360 mil vistas en pocas horas. El mensaje rezaba: “ESCÁNDALO. Se descubre que la hija de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, le dio un contrato a una empresa que crearon el mismo día por ¡350 millones de pesos! Y solo tiene ¡2 empleados para gestionar 500 mil despensas! ¡Que siga la CORRUPCIÓN!”. El post incluía un video donde un reportero cuestiona directamente al gobernador sobre la operación.
En el segmento televisivo, se muestran imágenes de Eneyda Rocha Ruiz en eventos públicos junto a su padre. El reporte destaca que la empresa incluyó en su currículum fotografías tomadas de internet y que las bodegas supuestamente ubicadas en un parque industrial no fueron localizadas. Ante las preguntas, el gobernador Rubén Rocha Moya respondió en conferencia: “Tengo la plena seguridad de que existe y que está todo bien, pero te doy crédito que ustedes han investigado y que hay ahí dudas; entonces hay que aclararlas, vamos a aclararlas a satisfacción, pero no tengo la menor duda”. Aseguró que en su quinto año de gobierno “todo lo compramos con la debida regla posible”.
El gobernador defendió la operación argumentando transparencia y descartó irregularidades de inmediato. Sin embargo, medios locales como Río Doce y nacionales como Latinus y TV Azteca han documentado las anomalías: falta de experiencia previa de la empresa, registro simultáneo a la licitación y capacidad operativa aparentemente insuficiente.
Hasta la mañana de este 3 de abril de 2026, no se han reportado actualizaciones oficiales sobre una investigación formal por parte de la Fiscalía o la Secretaría de la Función Pública. Tampoco hay anuncio de cancelación del contrato ni de auditoría independiente. El tema sigue generando reacciones en redes sociales, donde usuarios lo vinculan a un patrón más amplio de presunto nepotismo y opacidad en gobiernos de Morena.
Este caso se suma a otros señalamientos recientes contra administraciones morenistas en distintos estados, donde contratos millonarios a empresas de reciente creación o con vínculos familiares han sido cuestionados. En Sinaloa, la crisis de inseguridad y violencia agrava la percepción ciudadana: mientras el estado enfrenta desafíos graves, se destinan recursos públicos elevados en compras que generan dudas.
La denuncia, originada en un post viral y respaldada por reportajes independientes, ilustra el grado de desconfianza que genera la falta de transparencia en la asignación de recursos públicos. Expertos en anticorrupción han señalado que prácticas como licitaciones aparentemente “hechas a la medida” erosionan la confianza en las instituciones y afectan directamente programas sociales dirigidos a los más vulnerables.
